CACyC 2da Sala III - La Plata - CENI S.R.L. S. Cesión de Cuotas

En éste fallo, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó la resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por la que se rechazó la inscripción de una cesión de cuotas en la que el cedente se encontraba inhibido, aún cuando dicha inhibición fue posterior al instrumento de cesión.

Para así decidir, el tribunal señaló que existen tres momentos en los que surte efectos la cesión de cuotas: 1) Entre partes, desde el contrato; 2) Respecto de la Sociedad, una vez notificada fehacientemente la gerencia; y 3) Respecto de Terceros, una vez inscripta.

También abordó los alcances de las facultades del registro societario en relación al control de legalidad de los actos que se le presentan para su inscripción, explicando que en torno a las facultades jurisdiccionales de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, es dable señalar que las normas atributivas de competencia la habilitan específicamente para “ejercer la policía en la materia haciendo cumplir la legislación vigente y aplicar las sanciones que las leyes dispongan (conf. art. 3, ap. 3.5.1, decreto 8671/76, T.O. decreto 8525/87), pudiendo así declarar irregularidades e ineficacias a los efectos administrativos y dentro de la competencia del órgano de los actos sometidos a su fiscalización cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos (art. 6, ap. 6.6.2 decreto 8671/76, T.O. decreto 8525/87, esta sala RSD 153/2000, causa 93.226, 27-06-2000)

CNCom-SalaC- Macoa S.A. y ots.

 

En éste fallo clásico, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, con un meticuloso voto del Dr. Jaime Anaya, analizó los alcances de las facultades de control del registro societario, confirmando la declaración de ineficacia de los actos administrativos que conformaron la constitución de treinta y tres sociedades llevada adelante por los miembros de un estudio contable, para facilitar los trámites para sus clientes.

“Ese control de legalidad no implica un control meramente formal, sino que obliga a la autoridad correspondiente a efectuar un examen exhaustivo del acto constitutivo, controlando si la sociedad se ajusta a los requisitos de fondo establecidos por la ley, para dar de tal forma rechazar cualquier documento manifiestamente nulo.” (Del dictamen del Fiscal de Cámara, Dr. Di Iorio)

“Entendido ello así, debe seguirse que el Estado, por los órganos respectivos, otorgará el conforme administrativo si advierte, luego del control de legalidad que el contrato social que se le presenta reúne los requisitos legales y en lo que hace al caso que ocupa este dictamen, si no se está abusando del recurso técnico instrumental para fines no queridos por la ley o que no surgen de los documentos que se ponen de manifiesto.” (Del dictamen del Fiscal de Cámara, Dr. Di Iorio)

“…no es dudoso que la autoridad administrativa se encuentra facultada para verificar la legalidad formal como la legalidad sustancial del acto constitutivo e, inclusive para investigar lo concerniente al interés público que pueda estar comprometido, esto último siquiera a los efectos de disponer la fiscalización permanente o instar la disolución y liquidación de las sociedades.” (Del voto del Dr. Anaya)

“Tengo para mí que, pese a las explicaciones de los apelantes, la verdadera situación de autos es la de constitución de sociedades para mantener en cartera y, en definitiva, para negociar su sola estructura. El fenómeno es viejo en nuestro ámbito, pero no es de nuestra exclusividad.” (Del voto del Dr. Anaya)

“Agréguese a ésto que en el ejercicio del control publicístico o fiscalización externa del procedimiento de constitución de la sociedad anónima -como de la misma manera durante su funcionamiento- el órgano de control no es un mero receptor de declaraciones, de las que pasivamente se limita a tomar nota o conocimiento; pues aún en el mero marco inherente a la calificación de legalidad interna, se manifiestan inequívocas las atribuciones de comprobación que deben reputarse implícitas para tal efecto o que la ley ha hecho explícitas en su normativa.” (Del voto del Dr. Anaya)